Los sucesivos recortes en los derechos a recibir prestaciones por desempleo están empezando a rebajar la factura de esa política de protección social en las cuentas públicas. A eso se suma el hecho de que cada vez son más los parados que han agotado la cobertura sin encontrar empleo. El reverso de ese ahorro es que el número de parados sin ningún tipo de prestación sigue muy cerca de los máximos de toda la crisis a pesar del descenso estacional del paro registrado.
El Gobierno ha evitado hacer una gran reforma integral de las prestaciones de desempleo, pero en su lugar ha ido acometiendo una serie de recortes que han ido aminorando la protección de los parados. Así, redujo la tasa de reposición o prestación contributiva del 60% al 50% de la base reguladora desde el séptimo mes en desempleo. También eliminó el subsidio extraordinario para mayores de 45 años, elevó la edad del ordinario de 52 a 55 y negó el acceso al mismo a parte de los parados de más de 55 años. Además, abrió la posibilidad de subsidios parciales en lugar de completos, endureció el acceso a la renta activa de inserción, redujo la cotización a la Seguridad Social de los desempleados a cargo del Estado y cortó subsidios a los 61 años para forzar la jubilación anticipada.
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