El engaño de los dirigentes del PP continúa.
El gobierno anterior de la Comunidad, el de Aguirre, permitió a IFEMA pagar la extra de Navidad. El pago podría haber ascendido a unos 1.300.000 euros.
El exalcalde y el exconsejero del PP Álvarez del Manzano y Luis Eduardo Cortés, lo hicieron en consenso con sus trabajadores y recibieron su sueldo íntegro, sueldos de 120.000 y 250.000 euros. En 2012, cuando se congeló la paga extra de Navidad a todos los empleados públicos, el gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Esperanza Aguirre, permitió que los trabajadores de IFEMA sí recibieran la paga de Navidad, IFEMA asegura que todo es legal, que no se trata de trabajadores públicos, puesto que tienen un convenio colectivo propio, y que pensaban que estaban bien, que lo hicieron en consenso con sus trabajadores y que a toro pasado es fácil levantar banderas. IFEMA confiesa, no obstante, que la decisión suscitó dudas, que preguntaron a los trabajadores y a otros organismos y buscaron informes jurídicos antes de tomar la determinación de abonar la paga extraordinaria. La Cámara de Cuentas dice que IFEMA es una entidad de derecho público y el 62% del consorcio es de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la capital.
El delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, ha explicado que estamos en fase de confirmación, pero parece que sí fue incumplida la orden por empleados públicos que sí cobraron y que al pedir a IFEMA los informes, lo hemos visto claro. El miembro del equipo de la alcaldesa Manuela Carmena ha explicado también que estamos ante una vulneración clara de un Real Decreto, y que se trató de forma diferente a unos empleados respecto de otros, como a los de La EMT de Madrid y especialmente a sus mandos que también la Señora Botella, aparte de la paga, les quitó el complemento salarial, unos 500 euros más. ¿Este complemento también será devuelto a sus trabajadores como se ha vuelto a la gerencia de Sanchinarro, al exdirector Señor Orihuela también responsable de quitar dicho complemento?
Un plan estratégico ¿Cómo el de La EMT de Madrid?
Los problemas económicos son comunes para todos los sectores productivos del país, y como no puede ser de otra manera, también para el transporte de viajeros sobre superficie.
Las grandes empresas del sector (Alsa, Avanza, etc.), quieren promover una nueva ley de financiación. Con dicha ley quieren asegurar el beneficio económico en sus balances, ya de por sí bastante cuantiosos. La idea es que el transporte de viajeros sea considerado un bien básico, como lo es la sanidad y educación, por tanto debe ser apoyado económicamente vía impuestos. La forma de recaudar dinero puede ser de diversas maneras, descontándolo de las nóminas de los trabajadores, añadiendo un impuesto a los combustibles (similar al defenestrado céntimo sanitario), subiendo el IBI, u otro tipo imposición.
Si se quiere conferir a este sector la categoría de un bien básico para la sociedad, ya que se presta un servicio muy importante, resulta curioso que sean las grandes empresas privadas las que promuevan dicho cambio en el status de esta actividad. Debería ser la administración del estado junto a las comunidades autónomas y ayuntamientos, las que tuvieran el protagonismo en esta cuestión, y tomar la decisión de que es lo más beneficioso para los ciudadanos.
Si se consigue el reconocimiento del transporte de viajeros como uno de los pilares de la sociedad, se debe ver como un servicio a dicha sociedad, y no un negocio como así lo quieren las grandes compañías.
Evidentemente toda empresa tiene como objetivo el beneficio, sin beneficio no puede existir ninguna entidad privada, es muy legítimo querer prosperar y crecer, pero no a base de estar financiadas con dinero público para la prestación de un servicio tan necesario como lo es éste.
Fuente: La sexta.
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